Conferencia :Cómo el poder, la propiedad y la protesta transformaron el paisaje acuático de #Cbba, 1879-2000”,— C.E.S.U. (@CESU_UMSS) 23 de julio de 2016
04/08/16
18:30
Auditorio
EL PROBLEMA ESTRUCTURAL DEL AGUA EN COCHABAMBA (#SOSCOCHA)
Expender
agua de forma privada, no es un fenómeno reciente. Fue una actividad común en la época de los incas, y se convirtió en
el método estándar de suministro urbano
de agua en los siglos XVIII y XIX (Swyngedouw, Poder
social y la urbanización de agua).
El
periodo del liberalismo de Bolivia, de 1879 a 1935. Se inicia
con la privatización de 1879 la propiedad
del agua, que se solidificó la propiedad de hacendados rurales y las élites
de la comunidad sobre las fuentes de
agua principales. Al hacerlo, la ley
también facilitó la privatización de las tierras comunales, dando a esas
élites más influencia sobre los campesinos indígenas. Por la década de 1920 Cochabamba
fue testigo de un creciente debate sobre la legitimidad de la propiedad privada del agua, incluso con los
principales políticos y periódicos que cuestionan la inviolabilidad de los
derechos de propiedad privada. Las tensiones
urbanas y rurales sobre el agua se hizo más visible en el período posterior a
la Guerra del Chaco con Paraguay (1932-1935), especialmente teniendo en
cuenta el aumento de la urbanización y una sequía
de 1940, que produjo crecientes demandas urbanas para una solución (Young, The Waterscape of
Cochabamba, Bolivia, 1879-2000 cap. 1) .
(…)
los esfuerzos de un nuevo grupo de urbanistas para resolver los problemas de
agua de la ciudad entre el final de la guerra y la revolución de 1952. (…) Los
residentes más pobres (especialmente en
las zonas del sur de la ciudad, lejos de las fuentes naturales de agua).
Así, tanto el diagnóstico y la prescripción reflejan factores no técnicos como
las demandas populares, el poder de los
propietarios de los acueductos rurales, y las jerarquías socioeconómicas dentro
de la ciudad (Young, The Waterscape of
Cochabamba, Bolivia, 1879-2000 cap. 2).
La
revolución de 1952 liderada por el partido Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR). Aunque el liderazgo del MNR era conservador en muchos aspectos, Hines
muestra que estaba dispuesto a enfrentarse a los grandes propietarios rurales y
su control sobre el agua. La
histórica reforma agraria de 1953, obligado en gran parte por la
movilización indígena y campesino antes, se disolvió y redistribuye las
antiguas haciendas y la propiedad del
agua también nacionalizada. Después de 1953, los funcionarios del MNR
trataron de equilibrar las necesidades de los campesinos y residentes de la
ciudad, lo que lleva "a veces
notables acuerdos para compartir el agua entre la ciudad y los pequeños
productores rurales" (…) Ese
conflicto se intensificó en la década de 1960 como el gobierno local trató de
perforar nuevos pozos de agua en tierras de los campesinos en la parte
occidental del Valle Central de Cochabamba (Young, The Waterscape of
Cochabamba, Bolivia, 1879-2000 cap. 3).
El
período 1964-1985, se ve por las continuas luchas en torno a las
fuentes de agua rurales, así como la movilización de la población urbana 'en
torno a los derechos de agua. En 1967,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió la creación de una nueva
agencia municipal, SEMAPA, para
gestionar el sistema de agua. Se miro
al río Misicuni, en particular, como la solución potencial al problema del agua
en Cochabamba. (El proyecto de la
presa Misicuni retardada a largo sigue figurando en el centro de la imaginación
popular hoy en día) (Young, The Waterscape of
Cochabamba, Bolivia, 1879-2000 cap. 4).
Seis décadas de
historia ("La
piedra en el zapato” de los gobiernos bolivianos)La historia de Misicuni
se inicia en la década del 50 (…)
cuando se plantea la construcción de una represa. Sin embargo, por la
dimensión económica que
implicaba su construcción, el gobierno de entonces -a cargo de Víctor Paz
Estenssoro- descartó la idea. Desde la década del 50, el proyecto
Misicuni pasó por varias administraciones y fue paralizado en
varios momentos, "muchas veces por falta de voluntad política”,
explicó Maldonado. Según este experto, la importancia de Misicuni
radica en su valor social, teniendo en cuenta que hasta la fecha sólo el 61% de la población cochabambina tiene
acceso al agua potable. Misicuni ha dificultado la gestión de
varios gobiernos. Su historia está
plagada de anécdotas. Durante la década del 70, por ejemplo, el presidente Hugo Banzer Suárez secuestró y
amedrentó a un grupo de damas cochabambinas que exigían la construcción de
la represa. Paradójicamente,
en 1997, este proyecto fue la bandera con la cual Banzer
ganaría los votos del Valle en las elecciones presidenciales, apoyado entonces por el exalcalde Manfred
Reyes Villa. En los 90, durante
el primer mandato de Gonzalo
Sánchez de Lozada, se descartó el proyecto, pues éste priorizó la
construcción de un ducto para transportar agua desde la represa Corani.
Entonces dijo: "Los cochabambinos
deben decir si quieren Misicuni o si quieren agua”, dando a entender
que el proyecto no solucionaría los problemas de abastecimiento. Fue durante el gobierno de transición de
Eduardo Rodríguez Veltzé que se finalizó la primera fase del proyecto, en
2005. Entonces se construyó el túnel de trasvase que hasta ahora
lleva un pequeño volumen de agua a Cochabamba. En 2009, el proyecto fue retomado por Evo Morales en su segunda
fase. Sin embargo, esta etapa no fue concluida debido a los malos
manejos y malversaciones de parte del Consorcio
Hidroeléctrico Misicuni (Pagina siete 26-05-16, En
seis décadas se invirtió más de $us 359 millones en Misicuni).
No existe una
cuantificación exacta de la cantidad de sub-cuencas en Cochabamba; pero, la mayor
cantidad de agua está en las serranías donde se tiene la mayor precipitación.
Se entiende por cuenca al territorio donde las aguas bajan a un mismo río y se
van dividiendo. Por ejemplo, en la cordillera sur del Tunari hay 39 cuencas, de
las que 10 generan mayores problemas. En cinco: Taquiña (Tiquipaya), Pajcha y
Pintu Mayu (Cercado), La Llave y Huallaquea (Vinto) se hizo un manejo integral,
según el Programa de Manejo Integral de Cuencas (Los Tiempos, Deforestación
deteriora a cuencas de 4 regiones).
La Asamblea
Legislativa Departamental aprobó una ley para el préstamo. Con este nuevo
crédito, la Gobernación pagará más del 70 por ciento de la segunda fase del
proyecto. Es decir, 92 millones de dólares de los 138 que demanda el proyecto
sin que exista una normativa para la devolución de los recursos o la participación
accionaria del Gobierno departamental en la empresa que operará el
megaproyecto. Por otro lado, la represa de Misicuni —que debía
entregarse en julio de 2016— recién podría estar a fines de 2017, por una
ampliación de plazo a la empresa china Camc Engeenering (Camce) y porque aún se
deben ejecutar trabajos adicionales como tratar una falla geológica en la presa
(Los Tiempos, Gobernación asume una nueva deuda de Misicuni).
En síntesis, Misicuni por sí solo no será una solución al problema del agua, y
demandará un largo y continuo periodo de negociación y renegociación. El
potencial de Corani supera los dos mil litros por segundo. Los gobiernos
neoliberales otorgaron la concesión de micro cuencas y cuencas ricas en
producción de agua que se escurren al Trópico de Cochabamba, sin mayor
beneficio que el de producción eléctrica. Con esta actitud la oligarquía dotó
incluso las aguas de cuencas importantes que desde los años 60`s se estudiaron
para ser captadas y conducidas para el riego de todo el Valle Alto bajo el
Proyecto de Khewiña Cocha (Salazar, Movimientos sociales en torno al agua en Bolivia).
(…) en el municipio
de Cochabamba (…) sólo el 56 por ciento
de la población accede al agua de la red del Servicio Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado (SEMAPA).
Una consecuencia de esta realidad son los desequilibrios en el acceso al
servicio de agua potable. El metro cúbico o 1.000 litros de agua de Semapa
cuesta alrededor de 5,40 bolivianos. En cambio, la gente que accede a otros
sistemas paga 2,50 por un metro cúbico de agua de pozo y 30 bolivianos el metro
cúbico del agua de cisternas. El precio de un turril de 200 litros es de 6
bolivianos. Salazar dijo que “obviamente
el agua va subir en temporada de crisis”. Se estima que el precio del
líquido se incrementará en un tercio y no
habrá un barrio en la ciudad de Cochabamba que no demande agua de las cisternas
(Los tiempos 26/05/2016, Instan
a unir sistemas para mitigar escasez de agua).
Actualmente, en la
ciudad de Cochabamba la cobertura de
agua potable por parte de la empresa SEMAPA
(47%) es menor que antes de la
privatización del servicio en 1999 (57%) y en alcantarillado tampoco se ha avanzado mucho (54%); las pérdidas de agua siguen por el 50
% y hay zonas, particularmente en la zona sur, que reciben solo unas horas
algunos días a la semana. Lo más grave: todo esto con participación social, vía
presencia de la sociedad civil en el directorio, que terminaron legitimando y
participando de la reproducción de la estructura corrupta en la empresa de
agua. Tampoco ha protegido los sistemas de agua agrícola, debilitando
seriamente la agropecuaria en el valle cochabambino. Finalmente, la
institucionalización de la guerra del agua, esto es, su apropiación por parte
de los poderes dominantes, involucró, con alguna excepción, la articulación de los principales líderes
de la Coordinadora del Agua al sistema político formal, sean de izquierda o
derecha; unos ingresaron a partidos políticos, otros como autoridades
públicas, parlamentarios (Crespo, Tres
legados de la Guerra del Agua de Cochabamba).
(…) los quince años que precedieron a la Guerra del Agua de 2000. Los
conflictos por el agua durante este tiempo se intensificaron por el
neoliberalismo, las sequías y las nuevas demandas de los indígenas y
campesinas en el campo. Sin embargo, mientras que los grupos populares fiera
resistencia SEMAPA (y, a menudo, entre sí) en
la década de 1990, también se unieron para oponerse a los planes de
privatización del Banco Mundial, el FMI y el BID. "Irónicamente,"
argumenta Hines, "su experiencia en la lucha de la empresa a través de
pozos, las tasas y los campesinos de exclusión preparado, los clientes y los
residentes de la periferia de la defienden" (p. 224). Curiosamente, la mayoría de los cochabambinos no se oponía a la
propiedad privada en sí, sino más bien la forma antidemocrática y regresiva de
la privatización favorecida por las instituciones -que élite implicaban
aumentos de las tasas para los clientes pobres, el aumento de la perforación de
pozos, el enriquecimiento de los inversores privados, y la erosión del control
local. La conclusión examina las
alianzas inesperadas urbano-rurales que facilitaron la victoria popular de 2000
(Young, The
Waterscape of Cochabamba, Bolivia, 1879-2000 cap. 5).
La cuestión del agua fue
central pero también sirvió como pretexto para ensayar otras batallas. En esa amalgama se produjo una de las movilizaciones
más participativas y espontáneas de los últimos tiempos, guiada por un discurso
popular revolucionario, pero orientada por objetivos profundamente
conservadores y reaccionarios en la práctica, generando resultados opuestos a
los que ilusionaron a los participantes. Al
final, fueron los excluidos quienes pusieron el mayor coraje en esta lucha, y
son ellos los que hoy asumen los costos de una guerra con pocos vencedores y
muchos vencidos. (Laserna, La guerra contra el
Agua).
La CPE señala
claramente un rol protagónico al Estado
en la gestión del agua: “… Es deber
del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y
sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus
habitantes…” (Art. 374). Asimismo, se dice que “Los recursos hídricos… no
podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no
serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y
autorizaciones conforme a Ley. (Art. 373 inc. II). Es decir, el recurso no será
privatizado, pero del servicio solo dice que no será concesionado, no hace
referencia de otras formas de participación privada. El artículo 309 lo aclara,
con la introducción de la empresa mixta dentro los objetivos de la forma de
organización económica estatal (incluyendo a las empresas y otras entidades
económicas de propiedad estatal): “Administrar
los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio
de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. (Art. 309)
(Crespo, Nunca más la privatización del agua”
La empresa mixta en la nueva constitución boliviana).
En el área rural, el
panorama es aún peor. Según datos oficiales, 60 municipios del departamento están sufriendo los efectos de la
escasez de agua, lo que ocasiona pérdidas millonarias a varias centenas de
familias dedicadas a la producción agropecuaria. Ante ello, sumando esfuerzos, los tres niveles de Gobierno están
dispuestos a invertir algo menos de 10 millones de dólares. Mientras eso
ocurre, con notable soltura se anuncia el gasto de varios cientos de millones
de dólares para financiar proyectos de muy dudosa utilidad. El municipio de Cochabamba, por ejemplo, ha
desembolsado 32 millones de bolivianos para la ilegal expropiación de los
terrenos del Club Hípico Nacional para que el Gobierno central pueda gastar más
de 200 millones de dólares (cuatro veces más de lo que se requiere para dotar a
siete municipios de un sistema de agua y alcantarillado), para construir un
nuevo estadio (Los Tiempos 10/07/2016, Cochabamba
condenada a la sequedad).
La insatisfacción se sitúa en los
barrios de la Periferia Sur donde cerca al 80%
de los hogares carece de agua potable en el interior de las viviendas y por lo
que deben pagar por el consumo de agua de dudosa calidad a los carros aguateros
entre el 7 a 10% del ingreso familiar.
El predominio de la presencia de los carros
aguateros, se explica
porque en la Periferia Sur, son escasas las posibilidades de encontrar agua
dulce, según declaración de sus pobladores 21 de 23 pozos perforados hasta
el año 2005, tenían agua salada y dichos pozos pese a la gran inversión
realizada, se han convertido en elefantes blancos, situación que les obliga a
los hogares, a comprar el líquido
elemento de los mercaderes del agua, representados por los carros
aguateros. Se trata de negociantes que lucran con agua de dudosa calidad,
debido a que no existe ente regulador que controle sus actividades, de ahí que
venden al precio que quieren y cuando se les ocurre (Ledo, El
agua nuestra de cada dia).
Un vecino de la OTB Trafalgar,
Marcelo Vázquez, comentó con
preocupación que en su zona el turril (200 litros) de cisterna subió de 4 a 6
bolivianos en los últimos años. Su familia de cuatro integrantes compra un
turril cada dos días, debido a que la calidad del agua “no es buena” sólo la
utilizan para lavar mientras que para el consumo recurren a bidones.
Según Salazar una familia del sur que se ducha una vez a la semana gasta
un promedio de 40 metros cúbicos al mes. Esto equivale a 1.200 bolivianos o el
25 por ciento de sus ingresos totales destinados para la compra mensual de
agua. Los vecinos del sur optan por el
servicio de los carros cisterna debido a que no cuentan con acceso a la red
pública del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Los
Tiempos 10/04/2016, Pese
a Guerra del Agua persiste un mercado con precios altos).
Serhan informó que la
red se conforma en medio de una realidad de contradicciones y desigualdades
sobre el acceso y uso del agua. Una de las más llamativas consiste en que
un habitante de la zona sur consume, en promedio, 33 litros de agua al día. Sin
embargo, en el norte 250. A ello se suma que el metro cúbico de agua de Semapa tiene un costo promedio de 5 bolivianos;
mientras que el ofertado por carros cisternas a 30; y de pozos a 1 boliviano.
Sin embargo, el precio de una botella de agua de mesa de dos litros llega a 5
bolivianos. Este año, las
represas de agua de Escalerani y Wara Wara de Semapa sólo se llenaron al 55 por
la falta de lluvias (Los tiempos 01-06-16, Unen
esfuerzos ante falta de agua para consumo).
“Éste es el peor año, no ha llovido, no hay nevadas y el caudal de los
manantiales ha bajado a la mitad”, contó
Orlando Jaimes, un “aguatero”
que desde hace 40 años acarrea
agua en su cisterna hacia los barrios más empobrecidos de la ciudad y hacia los
edificios más exclusivos. Explicó que la
demanda aumentaba a partir de agosto, septiembre y octubre en la época de
estiaje, pero no desde abril y mayo, cuando la temporada de lluvias apenas
ha terminado. Adelantó que las cisternas
no podrán cubrir la demanda de agua de la población que no recibe con
regularidad el servicio de Semapa, porque el caudal bajó y no hay nuevas
fuentes (Los tiempos 09/06/2016, Aguateros
perforan pozos en el norte).
(…) el agua es
insuficiente para abastecer a comercios, familias y edificios. Constató, en muchos casos los usuarios de Semapa
compran agua “extra” de cisternas o buscan pozos. Sin embargo, esto tiene
un costo adicional, pues un turril de 200
litros se vende en más de cinco
bolivianos, cuando 1.000 litros de
la red pública cuestan dos bolivianos. Una
cisterna de 10 mil litros puede llegar a costar 150. Semapa pretende
enfrentar la crisis con un plan de emergencia que se basa en tres pilares: la
utilización de fuentes no tradicionales, la reducción de pérdidas y una campaña
educativa. El plan contará con un presupuesto de 5 millones de bolivianos. Sin
embargo, aún se requiere la aprobación del directorio (Los tiempos 14/06/2016, Agua de cisterna cuesta más que la de Semapa).
Ante el incremento del precio de agua de las
cisternas, Serhan indicó que “nadie” regula este servicio porque son “propiedades privadas”. “Semapa
al ser un operador de agua no tiene fuerza coercitiva sobre nadie. Ni siquiera
puedo multar a un vecino por hacer mal uso del agua (…) y tampoco puede regular
el precio del líquido”, señaló. Reconoció que hay un mercado del agua. Indicó
que la institución que debe regular es la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) (Los tiempos 15/06/2016, Sarco
bloquea por agua y piden controlar cisternas).
La escasez de agua que soporta la ciudad, al igual que otros 27 municipios, ha aumentado la molestia por el cobro del servicio por categorías que realiza Semapa y visibilizado un mercado de pozos y vertientes que opera sin regulación desde la Guerra del Agua, en 2000. Recién a partir del aumento del precio del turril, de 5 a 7 bolivianos, los usuarios han pedido una regulación. Ante esta solicitud, el responsable regional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Alcantarillado (AAPS), Juan José Iriarte, afirmó que Semapa debe controlar y regular los pozos, vertientes y los precios de las cisternas (Los tiempos portada 21/07/2016, Piden a Semapa controlar pozos).
Los “aguateros” dijeron que el
caudal se redujo en un 30 por ciento.
Indicaron que mientras el sur continúa en una permanente necesidad de agua,
este año la zona central y el norte aumentaron su demanda de cisternas en un 60
por ciento, debido al racionamiento. Lamentaron que la Alcaldía y la
Gobernación no hayan previsto este problema, “las autoridades sólo se preocupan cuando hay sequía y se olvidan
cuando llueve”. Cada día, alrededor de 500 cisternas acuden al llamado de
cualquier cantidad de clientes de todo Cercado y aun así no logran abastecer a
sus usuarios. Cada carro realiza hasta tres entregas. Según los propietarios de
los carros cisterna, en la zona sur de la ciudad hay alrededor de 100 empresas
que realizan prelavados de jeans, que requieren ocho cisternas al día, cada
una. Entretanto, en la zona central la distribución es principalmente para
hospitales, clínicas, residenciales y restaurantes, que tienen depósitos de 8
mil litros. En el norte, la demanda se centra en condominios y edificios. El
aeropuerto es otro de los lugares que tiene gran demanda de agua, cada día
requiere ocho cisternas. Los
“aguateros” anticipan que la escasez empeorará en septiembre y noviembre,
cuando las temperaturas suban y la demanda de agua es mayor (Los Tiempos 23/07/2016, AAPS normará precio del agua de pozos y
cisternas).
El agua como un derecho humano debe estar garantizado para los pueblos del mundo y NO ser privatizado por ningún gobierno.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 7 de julio de 2016
El agua es un derecho humano, es vida y estamos tomando previsiones para el futuro de nuestra #LaPaz. pic.twitter.com/edia8m0qLl— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 14 de julio de 2016
