Crisis Universitaria

Tras 85 días de conflicto y parálisis, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) comienza a visibilizar los efectos perversos de los radicalismos, la incapacidad en la gestión de controversias y una crisis institucional más profunda y grave que el hecho desencadenante del conflicto.

La dirigencia estudiantil, calificada de "trotskista”,  logró no sólo sumar el apoyo de la opinión pública al demandar la reversión de la resolución que titularizaba a docentes habilitados de manera extraordinaria "sin examen de competencia reglamentario”, sino que llevó al extremo su lucha por agudizar las contradicciones del sistema universitario y su precaria institucionalidad.

Poco importa el perjuicio asociado a un semestre irregular de estudios; mucho menos a los 10 de los 36 proyectos científicos gestionados por la UMSS, gracias a la reputación bien ganada de algunas de sus facultades, ni el costo que esta situación representa para el país y las familias afectadas.
  Siguiendo sus premisas revolucionarias, se intenta, con relativo éxito, deslegitimar a la autoridad constituida al imponer un consejo transitorio y ampliar su interpelación a causas discursivas y aparentemente razonables.

¿Por qué una universidad cuya calidad estaba relativamente certificada, dejó pasar tanto tiempo sin aplicar los procedimientos reglamentarios de titulación docente?  Se sabe que entre los docentes extraordinarios se distinguen profesionales con méritos y prestigio probado que no eludirían el reto de regularizar su situación.

¿Por qué no se revocó oportunamente la resolución cuestionada para desactivar el conflicto, que encontró caldo de cultivo para escalar bajo la conducción de una minoría efectiva y radicalizada? Se comenta que con esta polémica resolución se amarraban compromisos que apuntarían a prácticas clientelares docente - estudiantiles y de camarillas que disputan acceder a la estructura de poder universitario o a conservarla. 

A excepción de la Facultad de Medicina, que cursa regularmente el semestre, y otras cinco que intentan salvarlo, no parece efectiva la estrategia de resistir a título de hacer respetar la autoridad constituida hoy desbordada y que no termina de asumir una vocería activa y asertiva en el marco del conflicto. Incluso se cuestionan sentencias constitucionales que nadie acata so pretexto de una autonomía universitaria y gobierno paritario, desdibujada en el tiempo.

Cuanto más se intenta comprender las razones del conflicto se develan hechos que dan cuenta de una crisis profunda que afecta al sistema universitario en su conjunto. Si la función suprema de la educación superior "pública, gratuita y de calidad” es formar recursos humanos que respondan a los desafíos integrales del desarrollo del país, ¿cómo entender el pobre rendimiento en términos de egreso y de titulación? ¿La rotación de una significativa masa de estudiantes, entre ellos dirigentes que por años se benefician de los servicios de salud y otras ventajas en perjuicio de nuevas generaciones que demandan su derecho a proseguir estudios superiores?

Nadie se sincera frente al insólito argumento que circula en sentido de que la universidad pública cumple la "función social” de retener población que, en otras circunstancias, engrosaría las filas de desocupados en un país incapaz de generar empleo suficiente.

No parece justo que, a título de paridad, los alumnos más mediocres tengan la prerrogativa de calificar y descalificar a docentes. Debieran hacerlo aquellos con mayores méritos. La reforma intelectual, académica, institucional y ética es imperativa, especialmente en tiempos de cambios sociales y económicos, en el marco de una prolongada bonanza e inyección de ingresos extraordinarios. Definitivamente, los daños del conflicto universitario no son colaterales, reflejan miedos y deficiencias fundamentales que muchos prefieren soslayar.

Por Erika Brockmann Quiroga