1.
La demanda estudiantil es correcta: los docentes, para
ejercer sus actividades académicas, deben ser evaluados, a través de un examen
de competencia.
El
"Waldazo" ha sido una medida electoral ante las inminentes elecciones
rectorales de agosto. En el cálculo político del rector y equipo asesor, la
titularización por decreto de 900 docentes, asegurará su victoria electoral. La
resolución de consejo universitario ha sido tan desatinada, que ha recibido la
condena pública, incluyendo del "académico" vicepresidente del Estado Plurinacional, quien ha señalado que estaba plenamente de acuerdo con los exámenes
de competencia “porque sino es mucha mediocridad”.
2.
A ninguno de los liderazgos de la UMSS les interesa defender la autonomía
universitaria el
representante de la FUL, Alejandro Mostajo interpela al vicepresidente pidiendo
que “interponga sus buenos oficios” para conversar con el rector de la UMSS,
Waldo Jiménez, respecto a la titularización de docentes por resolución y
protestó por el encarcelamiento del universitario Jarlin Coca."[1] Es
decir, está demandando que el Estado intervenga en la solución del conflicto.
Por
su parte, el respaldo jurídico del "Waldazo" es la ley general del trabajo: los docentes, no solo tienen derecho al trabajo, como reconoce la
CPE, sino que están protegidos por la ley general del trabajo; es decir, se
acude a una norma estatal para definir las relaciones laborales en el regimen
docente. Si la universidad es autónoma, desde esa capacidad debe establecer las
reglas de funcionamiento y los términos de la relación laboral con sus
docentes. La titularización de docentes basados en criterios administrativos
-la antigüedad- establecida por la ley del trabajo, no solo que vulnera el
propósito fundamental de la universidad, la formación y producción de conocimiento,
sino que renuncia a su autonomía como institución. De hecho, la intervención
estatal sobre la UMSS ha ido in crescendo, desde las regulaciones
administrativo financieras que la universidad pública debe cumplir, pasando por
la definición de agendas de investigación y formación subordinadas al gobierno
central. Pero, hoy, para la crisis de San Simón, existe el riesgo de una
intervención estatal directa en la solución: ya que la UMSS no resuelve su
conflicto autónomamente, el estado impondrá la salida. El ministro de gobierno
-léase inteligencia- Hugo Moldiz, lo ha adelantado: los docentes deben dar
examen de competencia, pero no puede haber estudiantes 20 años en la
universidad [2], esto es, exámenes de competencia para docentes y reglamento de
permanencia estudiantil para estudiantes.
3.
Los liderazgos estudiantiles son parte del problema, no parte de la solución.
La
FUL, hoy dirigida por los trotskistas, no solo tiene un poder simbólico, sino
material: no solo que tienen por lo menos 500000 Bs ingresos semestrales, sino
que controlan negocios de fotocopiado, comercio minorista en el entorno del
ingreso a la UMSS, la guardería, las becas IDH -que les permite contar con una
base estudiantil movilizada bajo esta relación clientelista. Por ello, es
necesario un movimiento estudiantil autónomo, más allá de la dictadura
trotskista, masista, o de cualquier partido de izquierda o derecha, que
recupere la autonomía en la UMSS de las logias, caudillos, partidos corruptos.
